El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales en España a comienzos de 2026. En un contexto marcado por precios elevados y un mercado inmobiliario tensionado, la ciudadanía parece tener claro cuál debe ser la prioridad: impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.
Así lo refleja el último estudio del Foro Construyendo Juntos, presentado por Knauf, compañía referente en la fabricación de materiales de construcción. Según el informe, el 63% de los españoles considera que la promoción de vivienda pública es la medida más eficaz para mejorar el acceso a la vivienda, muy por delante de otras alternativas.
Los principales problemas del mercado inmobiliario
El estudio identifica de forma clara los obstáculos actuales a los que se enfrenta la población:
Precios elevados, señalados como el principal problema por el 62% de los encuestados.
Dificultad de acceso a la financiación, mencionada por un 10%.
Escasez de vivienda nueva, que preocupa al 9% de la población.
Esta percepción es especialmente intensa entre las personas de 30 a 44 años, una franja clave en términos de emancipación y formación de hogares.
Un consenso claro sobre las soluciones
Además del aumento del parque público de vivienda, los ciudadanos reclaman otras medidas complementarias:
Regulación de los precios del alquiler (43%), con especial apoyo entre los jóvenes de 18 a 29 años.
Facilitar el acceso a la financiación para la compra de vivienda (32,5%).
La demanda de vivienda pública es especialmente elevada en comunidades como Canarias, Aragón, Cataluña y Madrid, donde supera el 66% de apoyo.
Tal y como señala Pablo Maroto, director de Marketing y Técnico de Knauf España y Portugal, los resultados del estudio evidencian la necesidad de un esfuerzo conjunto entre administraciones, sector constructor e industria para desarrollar proyectos de vivienda más ágiles, eficientes y sostenibles.
En este escenario, la vivienda pública se consolida no solo como una demanda social, sino como un eje estratégico para garantizar el derecho a una vivienda digna en España.